#12J: Manifiesto en defensa de la Justicia Gratuita

1. En términos de Justicia Gratuita, los datos del pasado año 2022 y el 2023 en curso reflejan la plena normalización de los servicios del turno de oficio y asistencia al detenido en sus diferentes modalidades después del impacto provocado por la pandemia del Covid-19 y a pesar de las  consecuencia originadas con el estallido de la Guerra de Ucrania.

En este sentido, en 2022 ha sido un año donde se han logrado cifres récord en asistencias y actuaciones realizadas por parte de los abogados y abogadas que prestan los servicios de asistencia jurídica gratuita a las personas que requieren de estos. Esto posa de manifiesto la vital importancia del trabajo que se realiza por partes de los profesionales adscritos a las diferentes especialidades turno de oficio y asistencia a la persona detenida, siendo estos los garantes del derecho de las personas a obtener la defensa de sus intereses ante los Juzgados en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva.

2. Este incremento de las actuaciones realizadas dentro de la asistencia jurídica gratuita, junto con el hecho de no haber puesto fin a los problemas existentes en al prestación de este servicio, han posado la prestación de este derecho esencial de defensa en una situación crítica.
El año 2023 está siendo un año donde los abogados y abogadas que prestan el servicio de asistencia jurídica gratuita han tenido que sufrir, y sufren, las consecuencias de las huelgas que desde los diferentes operadores jurídicos se han venido produciendo, sin que en ningún momento estos hayan dejado de prestar el servicio a pesar de las justas mejoras y reivindicaciones que desde los diferentes ámbitos de la abogacía del turno de oficio se han venido solicitante.

3. La tanto pedida reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita del año 1996 ha dejado de ser una necesidad para #convertir en una verdadera cuestión de Estado, siente imprescindible la existencia de un pacto de Estado para abordar su reforma sin la más mínima dilación, adaptándola así a la situación actual de la prestación del servicio y donde se garanticen los derechos de los abogados y abogadas que presten los servicios y los derechos reconocidos en la misma a los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita.

4. La actualización de los baremos y módulos, a pesar de ser una cuestión necesaria, acontece del todo insuficiente para la dignificación y reconocimiento de la profesionalidad de los abogados y abogadas que prestan los servicios de asistencia jurídica gratuita, sin que se pueda justificar la negativa a hacerlo en el incremento de la partida destinada a cubrir los servicios de asistencia jurídica gratuita, dado que este incremento ha estado por consecuencia de #haber producido más actuaciones, pero no por la mejora en su retribución.

En este sentido, resulta totalmente necesario una actualización del sistema retributivo con el fin de recuperar la congelación del #IPC que tuvo lugar a partir del año 2010, así como la  mejora de la situación de las guardias para prestar asistencia a personas detenidas o víctimas.

5. Igualmente exigimos una solución urgente y efectiva para el abono de los servicios prestados por el turno y no retribuidos.. La reiteración en la prestación de servicios de Justicia Gratuita que finalmente no son retribuidos a los profesionales que la llevan a cabo está provocando su descontento y el progresivo abandono de los compañeros y compañeras que la hacen efectiva con las consecuencias que esto puede comportar por los beneficiarios de los servicios.

6. La presencia de los profesionales que prestan los servicios del turno de oficio y asistencia a la persona detenida no puede ser considerada como un mero requisito procesal. Los abogados y las abogadas  de oficio, como defensores de las partes, tienen que ser reconocidos y tratados como verdaderos protagonistas y garantes de los derechos de las partes en el proceso judicial.

7. La protección de las víctimas de violencia de género y de las personas extranjeras  no puede #limitar a la retórica política que acompaña los trágicos sucesos que los proporcionan mayor visibilidad en los medios de comunicación. Se tiene que proceder a la mejora de las condiciones de los profesionales que desde la abogacía actúan en defensa de sus derechos.

8. Una defensa legal de calidad para los más necesidades es un elemento central en cualquier sistema democrático. cuidar las condiciones en que se presta y a los profesionales que lo hacen posible es un mandato legal y moral. Propiciar el deterioro de estas condiciones supone una dejación de responsabilidades que la abogacía no puede aceptar ni un día más.