La nueva Ley de datos de la UE: Unos breves apuntes

El pasado mes de enero entró en vigor la “Ley de Datos” de la Unión Europea, que será aplicable a partir de septiembre de 2025, y que tiene como objetivo aumentar la seguridad jurídica y confidencialidad para empresas y consumidores usuarios respecto al acceso y el uso de los datos que ellos mismos generan cuando adquieren y utilizan productos conectados (“Internet de las cosas” o “IoT”).

La norma, que revisa diferentes aspectos de la Directiva de Bases de datos del año 1990, pretende mitigar la abusividad y el desequilibrio actual existentes en muchos de los contratos de compraventa o uso de productos y servicios en cuanto al acceso y el intercambio de datos, en los que no hay equidad entre los derechos del consumidor/empresa usuarios y los del fabricante o proveedor.   

Los dispositivos conectados (Internet de las Cosas) generan continuamente datos durante su uso normal. Esta información se suma al producto y se da otro componente esencial. Con la nueva la Ley de datos, los productos conectados se tienen que diseñar de forma que la persona o empresa usuaria pueda acceder, utilizar y compartir de una forma comprensible y segura los datos generados, garantizando a la vez la protección de sus datos personales.

La Ley de Datos refuerza el derecho de portabilidad regulado en el propio Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). No obstante, en el Reglamento este derecho se limita a los datos personales, mientras que la nueva norma amplía el derecho de portabilidad a los productos conectados, permitiendo que las personas consumidoras accedan a todos los datos generados por el aparato o dispositivo, tanto las personales como las no personales y, de este modo, tengan mucho más control sobre los datos que generan.

De este modo, el consumidor tiene la posibilidad de acceder y transferir a terceras personas -derecho de portabilidad- los datos almacenados o producidos por el uso de sus dispositivos o productos (p. e., el propietario de un vehículo puede trasladar los datos generados a su compañía de seguros o a un taller mecánico). Esto en la práctica tendrá mucha trascendencia, puesto que hasta ahora normalmente los fabricantes o proveedores han bloqueado el acceso a los datos de sus máquinas, productos o servicios, asegurando que solo  pudieran acceder ellos. Con la modificación legal el consumidor tendrá la opción de solicitar servicios de reparación y posventa a otros profesionales diferentes (y, seguramente, más asequibles) de los que ofrece el fabricante, puesto que estos podrán acceder igualmente a los datos que haya generado el dispositivo. Un hecho que, además, puede redundar en un mantenimiento más intensivo y, en consecuencia, favorecer una vida útil más larga de los productos.

Otra ventaja para los consumidores y empresas introducido por la norma pasa por las condiciones en las cuales pueden utilizar los servicios en la nube y los servicios periféricos, puesto que la norma obliga a los proveedores y fabricantes a facilitar el traslado de datos y aplicaciones -p. e., archivos fotográficos- de un proveedor a otro sin ningún coste añadido.

En definitiva, es una ley que permite definir de una manera mucho más clara quién puede utilizar los datos y en qué condiciones, reforzando las premisas del Reglamento en materia de privacidad y protección de datos, y garantizando un entorno para el tratamiento de datos mucho más fiable y seguro.